Gobierno y COB forman comisión por detenidos mientras conflictos cumplen 49 días

El sector productivo advierte una crisis irreversible con pérdidas de $us 50 millones diarios, mientras el Gobierno descarta una amnistía general.

Bolivia atraviesa una de sus crisis más críticas al alcanzar los 49 días de bloqueos y movilizaciones. En medio de la desesperación ciudadana y el colapso de sectores productivos, el diálogo instalado este miércoles entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) entró en un cuarto intermedio tras condicionarse los avances a la situación de los detenidos durante las protestas.

La mesa de negociación

El encuentro, liderado por el dirigente sindical Mario Argollo, se estancó ante la exigencia de liberar a las personas aprehendidas. “Lo primordial será la liberación de nuestros detenidos y el respeto al fuero sindical. Si no, ante nuestras bases esto será una traición”, advirtió Argollo.

Ante esto, se conformó una comisión mixta (Ejecutivo, Fiscalía y COB) que se trasladó al Ministerio de Gobierno para revisar los casos. Pese a este canal de apertura, la COB ratificó que las medidas de presión y los bloqueos en el país se mantienen vigentes.

Gobierno rechaza amnistía general

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, fue enfático al señalar que, si bien el Gobierno está dispuesto a revisar los expedientes, no se dictará una amnistía general.

“Hay casos que deben verse uno por uno. No se puede desconocer la ley ni intervenir en otros órganos del Estado. Todos somos iguales ante la justicia”, afirmó Lupo, quien priorizó como objetivo principal la desmovilización para permitir que la población retome sus actividades.

Sectores al borde del colapso

Mientras las negociaciones avanzan lentamente, el aparato productivo emite alertas desesperadas:

• La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) reporta un perjuicio diario de $us 50 millones. Su presidente, Klaus Frerking, exigió que se determinen responsabilidades legales por los daños causados durante estos 49 días.
• El sector avícola dio un plazo de 24 horas al Ejecutivo para aplicar un estado de excepción; de no cumplirse, suspenderán los puentes aéreos que llevan alimentos al occidente del país.
• Asosur Santa Cruz denunció el incumplimiento en la entrega de diésel, lo que ha reducido la operatividad de los surtidores a un mínimo del 30%.

La población y los sectores económicos aguardan que la comisión jurídica dé luces claras en las próximas horas, bajo la presión de un país que comienza a sentir los efectos críticos del desabastecimiento.