Cancillería confirma la muerte de un boliviano en el conflicto Rusia – Ucrania y rastrea a otros 25 reclutados

Por CRÓNICA

Lo que comenzó como una promesa de trabajo en el extranjero terminó en el frente de batalla. El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, presentó este martes el primer informe oficial sobre los connacionales vinculados a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa: hay un fallecido, cuatro heridos en hospitales de campaña, un repatriado y 20 con contratos militares activos.

De los casos registrados, 19 bolivianos continúan con ubicación no confirmada, mientras las familias en el país claman por ayuda desesperada para lograr la repatriación de sus seres queridos o la devolución de sus restos.

“Se ofrecieron contratos de trabajo que in situ se desvirtuaban”, sostuvo el canciller Aramayo, confirmando la existencia de redes que engatusaron a los bolivianos.

Gestiones en la zona de combate y canal con Moscú

Aramayo reveló que las primeras alertas sobre esta situación llegaron en abril de 2025, señalando que la administración anterior no tomó acciones. Con el cambio de gestión, la Cancillería activó mecanismos diplomáticos:

• Entre el 6 y el 9 de junio de 2026, una delegación boliviana viajó hasta Donetsk para verificar la situación de un connacional herido, gestionar su renuncia a las fuerzas armadas rusas y coordinar su atención médica.
• El pasado 17 de julio, el Canciller se reunió con el embajador de Rusia en Bolivia, Dmitry Vérchenko, estableciendo una “hoja de ruta bilateral” y un canal directo de información. Paralelamente, se mantienen diálogos con Ucrania.

Por su parte, la Embajada de Rusia en Bolivia emitió un comunicado en el que descartó “de manera rotunda” cualquier vínculo oficial con el reclutamiento de ciudadanos, calificando las acusaciones como infundadas.

Cuatro procesos por trata de personas y prófugos

El caso dio un salto a la esfera judicial nacional. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que existen cuatro investigaciones abiertas en tres departamentos bajo el delito de “trata de personas con fines de reclutamiento para participación en conflictos bélicos”.

En Santa Cruz, un juez ordenó la detención preventiva por 60 días de tres familiares del principal sospechoso (identificado como A.A.M.), quien actualmente permanece prófugo de la justicia y es buscado mediante una alerta de Interpol.

El drama familiar

Mientras el Gobierno maneja una cifra de 26 casos, la Asociación de Derechos Humanos y colectivos de familias en Santa Cruz estiman que la cifra podría superar los 31 afectados (sumando víctimas de Santa Cruz, Tarija y Beni).

Familiares de los reclutados se apersonaron este martes a la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz para exigir respuestas inmediatas.