Choferes exigen al gobierno cumplir compromisos sobre diésel y mantenimiento de carreteras
El ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez. Foto. Archivo
El ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, advirtió que el sector se mantendrá vigilante y no descarta convocar a un ampliado nacional para definir medidas de presión si no se atienden sus demandas.
Tras la realización de un ampliado departamental del autotransporte pesado, la Confederación de Choferes de Bolivia exigió al gobierno central el cumplimiento de los compromisos asumidos con el sector, principalmente en lo referente al abastecimiento de diésel y la ejecución de proyectos carreteros.
El máximo ejecutivo de la organización, Lucio Gómez, informó que las bases evaluaron la situación del sector y determinaron que el gobierno debe garantizar el suministro regular de carburantes conforme a los acuerdos suscritos. Asimismo, demandó que la construcción y mantenimiento de vías se ejecute según los proyectos presentados por el Ejecutivo.
Cuestionamientos
Durante su intervención, Gómez cuestionó la administración de los fondos destinados al mantenimiento de las vías interprovinciales. Señalo que los recursos asignados a las gobernaciones, correspondientes al 30% de lo recaudado por Vías Bolivia, deberían revertirse en favor de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), argumentando que dichos fondos estarían siendo mal utilizados en el pago de sueldos en entidades dependientes de las gobernaciones (como el Sedcam) en lugar de invertirse en la red vial.
Demandan sanciones
Consultado sobre las investigaciones en curso por la provisión de combustible de baja calidad, Gómez sostuvo que las autoridades deben identificar y sancionar a los responsables de haber ingresado carburante defectuoso al país.
“Han hecho perder a miles de movilidades (…) exigimos que caiga quien caiga y que la justicia investigue, porque no se puede permitir que vehículos nuevos hayan sufrido daños en sus motores”, aseveró.
Finalmente, el dirigente aclaró que sus demandas son puramente sociales e institucionales, abarcando también temas tributarios y aduaneros, y no obedecen a afanes políticos. Advirtió que, una vez que se levanten las restricciones vigentes, el sector no descarta convocar a un ampliado nacional para determinar medidas de fuerza en caso de incumplimiento por parte de las autoridades.
