El Gobierno dispone la intervención estatal extraordinaria de YPFB hasta por 180 días
El edificio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La medida se concretó mediante el Decreto Supremo 5697 para hacer frente a la crisis en la provisión de combustibles, auditar la cadena logística e identificar posibles redes de contrabando.
Con el objetivo de garantizar el abastecimiento interno de combustibles y transparentar la gestión pública, el presidente Rodrigo Paz aprobó el Decreto Supremo 5697, que establece la intervención estatal extraordinaria y temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo de hasta 180 días.
La normativa dispone la creación de una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria, encargada de hacer seguimiento, fiscalizar y supervisar la gestión de la estatal petrolera.
¿Quiénes integran la comisión de intervención?
De acuerdo con el Artículo 5 del decreto, la comisión está conformada por los titulares o representantes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua; Ministerio de Hidrocarburos y Energías; Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; y Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública (dependiente del Ministerio de la Presidencia).
Tanto el presidente ejecutivo de YPFB como todo el personal administrativo, técnico y operativo de la empresa están obligados por norma a proporcionar toda la información y documentación que les sea requerida.
Lucha contra el contrabando y auditorías
Las tareas iniciales de la comisión se enfocarán en tres áreas críticas: comercialización, logística y trazabilidad de los carburantes.
Entre sus 13 atribuciones principales, el equipo interministerial podrá solicitar y recomendar auditorías técnicas a la cadena de importación, transporte, almacenamiento y distribución.
El propósito fundamental es detectar irregularidades, identificar redes de contrabando, desvío o acopio ilegal de combustible y determinar las responsabilidades del personal involucrado.
Si se descubren indicios de faltas o delitos, los informes serán remitidos a la Contraloría General del Estado, al Ministerio Público o a la Procuraduría.
