Tras el remezón en la justicia, el nombre del abogado Eddy Ordóñez emerge como un perfil independiente en Cochabamba
El abogado Eddy Ordóñez.
La crisis que sacude al sistema de justicia boliviano vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿Es momento de abrir espacio a nuevos perfiles profesionales, con experiencia en litigación y sin trayectoria previa en las estructuras del Estado?
La aprehensión del entonces fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, el 30 de septiembre, seguida de la detención preventiva de Mariaca por seis meses y su posterior separación del cargo, profundizó el debate sobre la institucionalidad y la confianza ciudadana en el Ministerio Público. Las acusaciones contra las exautoridades forman parte de investigaciones en curso y deberán esclarecerse conforme al debido proceso.
Sin embargo, los cuestionamientos al sistema de justicia no comenzaron con este caso. La independencia judicial, la renovación de las autoridades, la transparencia en los procesos de selección y la necesidad de una reforma estructural figuran entre los desafíos señalados durante años por organismos nacionales e internacionales.
En noviembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la confianza ciudadana en el sistema y por las dificultades que rodearon la renovación de las altas autoridades judiciales.
En ese escenario, el debate sobre los méritos, la experiencia y la independencia de quienes aspiran a ocupar responsabilidades judiciales adquiere especial relevancia.
Un perfil profesional desde fuera de la función pública
En Cochabamba, uno de los nombres que se plantea dentro de esta discusión es el del abogado penalista Eddy Ordóñez Tapia, profesional con 13 años de ejercicio en litigio estratégico y técnicas de litigación oral, quien no ha desempeñado cargos en la función pública.
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), cuenta con maestrías en Derecho Penal, además de haber concluido un doctorado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, cuya tesis se encuentra pendiente de defensa. Actualmente dirige la firma legal Ordóñez y Asociados y ha ejercido la docencia de pregrado y posgrado en la universidad pública cochabambina.
Su trayectoria se desarrolla principalmente en el ejercicio privado del derecho, la formación académica y el estudio especializado del proceso penal. Este recorrido constituye el eje de su perfil en momentos en que se debate la necesidad de fortalecer la independencia de criterio y la capacidad técnica dentro de las instituciones de justicia.
La experiencia fuera de la función pública puede ofrecer una perspectiva distinta sobre las dificultades que enfrentan abogados y ciudadanos en los tribunales. No obstante, el conocimiento de la gestión institucional, la idoneidad, la integridad y el respeto a las garantías constitucionales siguen siendo aspectos fundamentales para cualquier responsabilidad judicial.
Litigación, razonamiento probatorio y formación jurídica
Ordóñez es cofundador de la Red Boliviana de Derecho Penal y Ciencias Penales, iniciativa que promueve la actualización profesional y el intercambio académico con especialistas nacionales e internacionales. En 2024, este trabajo contribuyó a generar espacios de discusión con juristas de Perú, Ecuador, Argentina y otros países de la región.
También ha participado como expositor y panelista en congresos y seminarios jurídicos vinculados con instituciones de México, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Uruguay.
En junio de 2026, participó en un seminario internacional de la Asociación de Magistrados y Jueces de Cochabamba (AMACO), con la ponencia “Prueba fundamental no es prueba suficiente: epistemología, perspectiva de género y estándar de prueba en delitos sexuales a la luz del AS 1861/2025-F”.
La temática refleja uno de los aspectos centrales de su especialización: el análisis de la prueba y los estándares que deben orientar la fundamentación de las decisiones judiciales. En materia penal, la valoración rigurosa de los elementos probatorios resulta esencial para evitar decisiones arbitrarias y garantizar tanto los derechos de las víctimas como las garantías de las personas acusadas.
La renovación exige méritos e independencia
La crisis actual no se resolverá únicamente con el cambio de nombres o la incorporación de profesionales jóvenes. Requiere instituciones sólidas, procedimientos transparentes, selección basada en méritos y autoridades capaces de actuar sin presiones externas.
En ese contexto, los perfiles profesionales que combinan experiencia real en litigación, formación especializada y actividad académica pueden enriquecer la discusión sobre el futuro de la justicia boliviana.
La trayectoria de Eddy Ordóñez Tapia sitúa su nombre en ese debate en Cochabamba. Su posicionamiento técnico como jurista destacado dentro el ámbito de la justicia penal, plantea una cuestión transcendental, ¿Cómo abrir espacios a nuevas generaciones de profesionales sin renunciar a los estándares de idoneidad, independencia, transparencia y responsabilidad que exige la administración de justicia?
