Potosí: la minería ilegal de oro se expande impulsada por los altos precios
El trabajo de explotación de oro en Pocoata. El Potosí
Redacción: CRÓNICA/Fuente: El Potosí
La minería ilegal de oro atraviesa una fase de acelerada expansión en el departamento de Potosí, empujada por las elevadas cotizaciones de los metales en los mercados internacionales. La situación ha puesto en alerta a las autoridades locales y nacionales debido a las múltiples repercusiones sociales, ambientales y económicas que genera.
El director departamental de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en Potosí, Oscar Antonio Santos Orellana, confirmó el hallazgo de actividades de explotación irregular en diversos puntos de la región, con especial incidencia en:
- El norte potosino (incluyendo municipios como Pocoata)
- Tupiza
- Villazón
Frente a este escenario, la AJAM mantiene un monitoreo constante y despliega operativos en campo para frenar la extracción en zonas que no cuentan con un contrato administrativo minero legal.
Impacto ambiental
Los informes técnicos de la actividad ilegal advierten sobre un grave deterioro ecológico. Los mineros no autorizados extraen el material de forma indiscriminada, afectando severamente las cuencas hídricas y dejando a su paso terrenos desérticos e infértiles.
A este panorama se suma la sospecha del uso incontrolado de mercurio en las labores de separación del oro, un insumo altísimamente contaminante que pone en riesgo las fuentes de agua y la salud de las comunidades aledañas.
Sangría económica
Además del daño ambiental, la minería ilegal priva a las instituciones públicas de recursos fundamentales para el desarrollo de obras y servicios básicos:
Al no registrarse las ventas, Pocoata, Tupiza, Villazón y otros municipios dejan de percibir la regalía minera equivalente al 2,5 % del valor bruto de venta. La Gobernación de Potosí también sufre un recorte drástico en sus ingresos por el mismo concepto.
El Gobierno nacional deja de recaudar impuestos clave como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT). El Estado pierde el 25 % del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), sumado a la alícuota adicional del 12,5 % que aplica cuando los precios internacionales son favorables.
Las autoridades continúan reforzando las acciones de fiscalización para legalizar las operaciones o sancionar a quienes explotan el metal precioso al margen de la ley.
