El presidente del TSJ desafía al Gobierno por presupuesto y advierte con paro judicial

Rómer Saucedo respondió con dureza al Ejecutivo, calificando como “inaudito” el abandono del sector. Mientras el Gobierno rechaza las medidas de presión, el Órgano Judicial insiste en que las reformas son imposibles sin recursos.

La pugna entre el Órgano Judicial y el Ejecutivo alcanzó un punto crítico. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, elevó el tono de la disputa este martes durante el centenario de la provincia Ichilo, en Santa Cruz, donde lanzó una dura advertencia: “A los magistrados nos sobra lo que a su Gobierno le falta”.

La declaración responde a las recientes críticas del vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien calificó como “inaudito” y “reprochable” el anuncio de un posible paro judicial escalonado si el Ejecutivo no responde, en un plazo de 20 días, a la crisis presupuestaria del sector.

¿Crisis de recursos o falta de voluntad?

Saucedo fue enfático al señalar que el presupuesto actual, que apenas alcanza el 0,35% del Presupuesto General del Estado, es insuficiente para cubrir necesidades básicas como material de escritorio y la renovación de sistemas informáticos obsoletos.

“Si vamos a hablar de reforma en la Justicia, la reforma se hace con plata, con recursos. No se pueden hacer reformas con buenas intenciones”, cuestionó el titular del TSJ.

Por su parte, analistas como el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé han sugerido que, más allá del dinero, la reforma judicial requiere de una verdadera voluntad política, un debate que actualmente se traslada a la Asamblea Legislativa, donde existen al menos siete proyectos de ley en espera.

Cruce de acusaciones

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, insistió en que el Ejecutivo rechaza las “lógicas corporativas de corte sindical” que, a su juicio, le han hecho mucho daño al país. Gálvez recordó los recientes bloqueos que paralizaron Bolivia y advirtió que la crisis del sistema judicial “no se soluciona con un paro”.

Ante la advertencia del TSJ, el Ejecutivo remarcó que las consecuencias de cualquier medida de presión serán “de entera responsabilidad” de quienes la convoquen. Sin embargo, el vocero dejó una puerta abierta al diálogo, señalando que esperarán una nota formal del TSJ para evaluar la coordinación interinstitucional, siempre y cuando no existan “condicionamientos”.

¿Hacia un diálogo o hacia el conflicto?

A pesar de la tensión, Saucedo aclaró que el objetivo principal del sector no es el conflicto, sino la ejecución de las reformas postergadas. El presidente del TSJ planteó una mesa de diálogo urgente que incluya al presidente del Estado, su gabinete y representantes de la Asamblea Legislativa.

“Primero hemos dicho que vamos a adoptar el diálogo… Si esto da resultado, no es necesario que lleguemos a medidas de presión”, subrayó.

El escenario para las próximas tres semanas es de alta expectativa. Mientras el Órgano Judicial se mantiene en estado de emergencia, el Ejecutivo se muestra abierto a conversar, pero bajo una postura firme contra cualquier medida de presión que afecte a la ciudadanía.