La CEPB lanza un plan de emergencia y exige participar en las decisiones económicas del país
La cumbre de la CEPB y otras entidades departamentales y nacionales.
Tras la Cumbre Extraordinaria realizada en Cochabamba, 59 organizaciones empresariales consensuaron una hoja de ruta para enfrentar la crisis estructural y garantizar la reactivación productiva.
En un mensaje de unidad frente a la compleja situación económica, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y 59 entidades nacionales y departamentales concluyeron este martes una cumbre histórica en Cochabamba. El sector privado sentó una postura firme: la crisis actual requiere soluciones de fondo y una participación activa de quienes generan inversión y empleo.
El presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, fue enfático al señalar que la crisis nacional es anterior a los recientes conflictos sociales y bloqueos que paralizaron al país durante más de 50 días.
“Bolivia no estaba bien antes de los bloqueos y no va a recuperarse únicamente porque estos hayan terminado. La crisis exige decisiones de fondo”, afirmó durante el encuentro.
Los pilares de la propuesta empresarial
El empresariado propone una agenda de dos niveles para reconstruir el aparato productivo:
- Medidas de estabilización inmediata: Orientadas a inyectar liquidez, asegurar el abastecimiento de diésel, garantizar la libre transitabilidad, reducir costos logísticos y ofrecer alivio financiero a empresas en riesgo.
- Reformas estructurales de mediano plazo: Enfocadas en la seguridad jurídica, reforma tributaria, modernización laboral, infraestructura logística, energía y desburocratización.
Seguridad jurídica y libre tránsito
Uno de los puntos clave del documento final es la exigencia de seguridad jurídica como eje central para recuperar la confianza de los inversores. Asimismo, la libre transitabilidad fue catalogada como una “condición económica esencial”.
El sector privado sostiene que el Estado debe garantizar la protección de carreteras, corredores productivos y zonas logísticas, ya que los bloqueos han generado pérdidas millonarias, desabastecimiento y deterioro del empleo.
Asimismo, los empresarios plantearon formalizar un mecanismo permanente y vinculante de coordinación entre el Gobierno y los sectores productivos. “El sector privado no pretende sustituir al Estado, pero sí demanda participar activamente en la definición de las políticas públicas que afectan al aparato productivo”, remarcaron.
