Diputados aprueban crédito de $us 500 millones del BID para el pago de la Renta Dignidad y el Bono PEPE
Sesión de la Cámara de Diputados.
La Cámara Baja remitió el proyecto de ley al Senado. Los recursos financiarán los beneficios sociales por casi 11 meses y permitirán crear un registro social de hogares.
La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el Proyecto de Ley Nº 450/2025-2026, que ratifica un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta 500 millones de dólares.
Los recursos estarán destinados a garantizar la continuidad de las transferencias sociales y la creación de un nuevo sistema de padrón nacional.
¿En qué se gastará el dinero?
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, detalló que el financiamiento del “Programa de Fortalecimiento del Sistema de Protección Social en Bolivia I” se divide en tres componentes principales:
- Apoyo a transferencias sociales ($us 485 millones): Financiará por casi 11 meses el pago acumulado de la Renta Dignidad y el Bono PEPE (Programa Extraordinario de Protección y Equidad), el cual elevó el beneficio de Bs 350 a Bs 500 para proteger a 962.700 adultos mayores sin jubilación ante los ajustes de precios. A partir de 2027, este pago se cubrirá con el Presupuesto General del Estado (PGE).
- Registro Social de Hogares ($us 12,5 millones): Permitirá diseñar e implementar una base de datos para focalizar con mayor precisión las políticas sociales e identificar a los beneficiarios.
- Administración y auditoría ($us 2,5 millones): Equivalente al 0,5% del monto total, este porcentaje se asignará a evaluaciones de impacto y auditorías exigidas por el organismo financiador.
Condiciones del préstamo y fiscalización
El crédito tendrá un plazo de pago de entre 18 y 23 años (con un periodo de gracia de 8 a 10 años) y pagos anuales proyectados entre 40 y 50 millones de dólares. Según la autoridad económica, la deuda comenzará a honrarse durante las próximas gestiones gubernamentales.
Control a los gastos
A través de una modificación al proyecto original, se incorporó un artículo que obliga al Ministerio de Economía a presentar un informe semestral, oral y escrito, ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para transparentar el uso de los fondos.
Durante el debate, legisladores cuestionaron la decisión de recurrir al endeudamiento externo para sostener programas asistenciales que anteriormente eran financiados por utilidades de empresas públicas, así como las condiciones financieras a largo plazo que asumirá el Estado boliviano.
