Caso Nadia Beller: Investigaciones revelan presunta red de narcotráfico y nexos policiales con exasesor

Por CRÓNICA

Las declaraciones de la abogada Nadia Beller destapan una presunta red de protección al narcotráfico en Beni mediante el control de aeronaves.

La Fiscalía inició las investigaciones tras revelarse que el exasesor político Fernando Cerimedo y su entorno habrían usado la instalación de GPS en avionetas como fachada para controlar operaciones aéreas, facilitando el tránsito de droga a cambio de elevadas sumas de dinero.

Ante la gravedad del caso, el Ministerio Público citará a Cerimedo, mandos policiales y al Ministro de Gobierno para determinar responsabilidades. Como pieza clave, el celular de Beller será entregado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para peritar audios, fotos y mensajes.

Vigilancia policial y nexos en la Felcn

Las pericias informáticas del IDIF, incorporadas al proceso contra Cerimedo por feminicidio en grado de tentativa, exponen mensajes que sugieren una influencia directa sobre la policía.

Cerimedo mantenía contacto con el usuario “ECG”, identificado como Erick Correas Gonzales, jefe de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn):

•           Correas indica: “Mi jefe me dijo que le pase todo… no creo que sea conveniente todavía”, a lo que Cerimedo responde: “Mejor aún no. Cualquier cosa me llama”.

•           Seguimiento en tiempo real: Los chats revelan monitoreo constante cerca de la ubicación de Beller. “Claro hermano, estarán por ahí atentos”, escribió Correas. El informe incluye fotografías del sitio del atentado con un vehículo oficial de la Policía Boliviana.

•           Mensajes tras el ataque: Una hora después del atentado armado contra la abogada, Correas le reporta a Cerimedo: “Escucha esto… al parecer no comprometió órganos”.

Detenciones y prófugos

La Justicia dictó 120 días de detención preventiva para Roger Aguilera Céspedes y Paola Andrea Vargas Arispe por su participación logística en el intento de homicidio.

Según la imputación fiscal, la red operó mediante pagos económicos:

•           Obtención del arma: Paola Vargas acompañó a su cónyuge, Aldubar Herny Silva Peña (alias ‘Juancho’), a Warnes para adquirir el arma entregada por Roger Aguilera.

•           Logística del vehículo: Silva Peña consiguió la motocicleta usada en el ataque, prestada por Edson Vega Justiniano (alias ‘Don Fiti’) a cambio de dinero de un «negocio grande».

Actualmente, ‘Juancho’ y ‘Don Fiti’ se encuentran prófugos de la justicia.