El sector productivo y el Comité Pro Santa Cruz exigen la abrogación del DS 5676 y dan plazo al Gobierno

Los dirigentes agropecuarios y los cívicos advierten que el DS 5676 no resolvió la escasez de diésel, agravó la corrupción y encareció el combustible. Si el Ejecutivo no revoca la norma, convocarán a una Asamblea de la Cruceñidad.

El sector productivo boliviano y el Comité Pro Santa Cruz unificaron posturas para exigir al Ejecutivo la abrogación inmediata del Decreto Supremo 5676, norma que fija un precio temporal del litro de diésel en Bs 18 para grandes consumidores y compras por volumen.

Tras una reunión con representantes de sectores productivos de todo el país, las instituciones advirtieron que la medida no solucionó el desabastecimiento e impusieron un plazo al Gobierno que vence este domingo.

Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), ratificó la posición del sector tras calificar la medida como un “decreto discriminador e improvisado” que solo sirvió para distorsionar aún más el mercado.

“Se tomó la decisión de pararse firme en la abrogación del Decreto Supremo 5676. Lo único que hizo fue desordenar más de lo que ya estaba el mercado negro, la corrupción y las filas”, sostuvo Frerking.

Asimismo, el presidente de la CAO rechazó además las intenciones de someter nuevamente a los agricultores a tarjetas de control o certificaciones administrativas para acceder a carburantes. “Nosotros somos productores, no somos narcotraficantes ni contrabandistas”, remarcó.

Además, descartó la propuesta del Ejecutivo de modificar la norma de forma parcial. “Ya van lanzando como cuatro decretos y ni uno ha servido. Necesitamos la solución definitiva al problema del diésel”, aseveró.

Plazo hasta el domingo

Por su parte, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, confirmó que la entidad cívica respalda la demanda agropecuaria y fijó como plazo límite este domingo 30 de agosto para que el Gobierno decrete la abrogación.

De no haber una respuesta favorable, el lunes 31 de agosto a las 9:00, durante la reunión de directorio cívico, se evaluará formalmente la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad, la máxima instancia de decisión del departamento.

Cochamanidis explicó que el DS 5676 generó distorsiones de precios, incertidumbre y mayores incentivos al contrabando debido a su falta de reglamentación.

Negociaciones sobre los 10 puntos

A la par de la exigencia de anulación del decreto, el Comité Cívico mantendrá el lunes un encuentro con autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y representantes del Gobierno para dar seguimiento a un pliego de 10 puntos presentado la semana anterior.