La ALP define hoy la ampliación del estado de excepción en medio de amenazas de bloqueo y rechazo social
Sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Foto: Archivo
Por CRÓNICA
La tensión política y social en Bolivia alcanza un punto crítico. La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) fue convocada para este miércoles a las 16:00 a la Décima Séptima Sesión Ordinaria, el tema central que se tratará será la aprobación de la ampliación por 90 días del estado de excepción mediante el Decreto Supremo 5707.
La convocatoria, firmada por el vicepresidente y presidente de la ALP, Edman Lara, exhorta a diputados y senadores a asistir de manera presencial y actuar con responsabilidad. El plazo legal para que la Asamblea ratifique o rechace la medida gubernamental vence en 72 horas.
Un país en encrucijada económica y de seguridad
La prórroga propuesta por el gobierno de Rodrigo Paz busca dar continuidad al régimen vigente desde el 20 de junio, tras 53 días de movilizaciones y bloqueos impulsados por la Csutcb ‘evista’ y la COB. Dicho conflicto dejó un saldo de 16 fallecidos y más de $us 3.000 millones en pérdidas por desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, ratificó que el decreto es vital para frenar los intentos de desestabilización y garantizar el libre tránsito. “Si los legisladores no aprueban la medida, deberán explicar sus razones al país”, advirtió.
Gálvez añadió que la alerta trasciende las fronteras, pues la Casa Blanca manifestó su postura contra la “narco-política” en la región, un factor que el Ejecutivo vincula a grupos que violentan el orden social interno.
A la par, el Gobierno justificó el costo de la subvención de carburantes, indicando que representa un gasto de $us 55 millones semanales, fondos que podrían reorientarse a salud y carreteras.
Sectores sociales
La medida gubernamental detonó la reacción inmediata de diversas organizaciones sindicales y urbanas que rechazan de plano la extensión del estado de excepción:
- La Csutcb (ala evista) Se declaró en estado de emergencia contra la “criminalización de la protesta” y definirá acciones en su ampliado del 26 de septiembre en Lauca Ñ.
- La Confederación de Choferes catalogó la norma como un “fracaso”, mientras que el Transporte Libre dio un plazo de 48 horas para tratar el alza del diésel antes de iniciar las protestas.
- La Fejuve de el Alto y el Magisterio Urbano de La Paz que ya marchó este martes convocan a la unidad sindical para articular medidas de presión masivas.
- La Cámara Hotelera de Cochabamba advirtió que la norma “no es una solución salomónica” e instó a garantizar la convivencia pacífica sin afectar al turismo.
