Lanzan el plan ‘Frontera Segura 2.0’ con 250 policías capacitados contra el crimen organizado
Efectivos de la Policía Boliviana en el lanzamiento del Plan ‘Frontera Segura 2.0’.
Por CRÓNICA
En un acto realizado en la plaza 24 de Septiembre de la capital cruceña, la Policía Boliviana y autoridades de Gobierno presentaron oficialmente el plan “Frontera Segura 2.0”, una estrategia nacional orientada a frenar el avance del crimen organizado y las estructuras vinculadas al narcotráfico en las zonas fronterizas del país.
La iniciativa contempla el despliegue estratégico y la recuperación del control territorial principalmente en Santa Cruz, Beni y Pando, departamentos limítrofes con Brasil. El lanzamiento de esta segunda versión del plan se da un día después de registrarse un doble asesinato a mano armada en la región y ante la creciente preocupación por la seguridad en zonas de frontera.
Agentes capacitados con apoyo internacional
El comandante general de la Policía, general Adrián Álvarez, informó que 250 efectivos jóvenes de la institución verde olivo concluyeron tres semanas de entrenamiento especializado y reentrenamiento para encarar tareas investigativas y de contención contra el narcoterrorismo y la delincuencia organizada.
Las capacitaciones contaron con la cooperación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) e incluyeron a personal asignado a municipios fronterizos estratégicos como San Matías, San Ignacio de Velasco, Puerto Suárez, Cobija, Riberalta, Guayaramerín, Yacuiba, Bermejo, Villazón y Desaguadero.
“Vamos a clausurar un proceso de implementación de la nueva estrategia en materia de lucha contra el crimen organizado, que tiene que ver con la lucha frontal contra delitos de narcoterrorismo. Los agentes jóvenes han sido entrenados y están dispuestos a ejercer su servicio a la Patria”, destacó Álvarez.
Trabajo coordinado e interinstitucional
El plan involucra un esfuerzo coordinado entre el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas, las gobernaciones de Santa Cruz, Beni y Pando, las alcaldías fronterizas, el Ministerio Público y organismos de cooperación internacional.
