Fiscalía admite denuncia contra Argollo y Condori por los 53 días de bloqueos
El senador Nilton Condori y el ejecutivo de COB, Mario Argollo.
La Fiscalía de La Paz inició las investigaciones contra dirigentes de la COB, senadores y líderes campesinos por terrorismo, organización criminal y homicidio culposo
La Fiscalía Departamental de La Paz admitió una nueva denuncia penal presentada por el diputado Edgar Zegarra en contra de los principales líderes sociales y políticos señalados como promotores de los bloqueos de carreteras que paralizaron al país durante 53 días entre mayo y junio.
Entre los denunciados figuran:
- Mario Argollo: Secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB).
- Vicente Salazar: Exejecutivo de la Federación de Campesinos “Túpac Katari” (actualmente con prisión preventiva por otra causa).
- Nilton Condori: Senador suplente.
- Feliciano Vegamonte: Dirigente del sector “evista”.
Con la admisión del caso, el Ministerio Público ya asignó un investigador para iniciar las diligencias y coordinar las notificaciones correspondientes a los involucrados.
Múltiples delitos bajo la lupa
Según expuso la parte denunciante, la acción penal contempla acusaciones por presuntos delitos graves, entre los que destacan:
- Terrorismo e instigación pública a delinquir.
- Organización criminal y homicidio culposo (relacionado con el fallecimiento de más de 16 personas durante el conflicto).
- Atentados contra la seguridad del transporte y la salud pública.
“Estos señores han ocasionado luto y dolor en el país. Han generado una crisis económica privando a los transportistas y a la población de alimentación y salud”, declaró el diputado Zegarra, argumentando que las medidas buscaban la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Por su parte, el abogado querellante, William Sánchez, enfatizó que la medida legal busca establecer responsabilidades directas para evitar futuros cercos en el departamento y proteger el derecho al trabajo de la ciudadanía.
Un conflicto con amplio historial judicial
Los 53 días de movilizaciones han dejado un fuerte saldo en las cortes. De acuerdo con informes oficiales de la Fiscalía General del Estado, el conflicto generado entre mayo y junio dio lugar a 148 procesos de investigación penal distribuidos en siete departamentos.
Adicionalmente, otras organizaciones, como el Comité pro Santa Cruz, han presentado demandas paralelas para exigir resarcimiento por los perjuicios económicos ocasionados.
El proceso actual se encuentra en etapa preliminar, por lo que los acusados deberán ser notificados para prestar sus declaraciones informativas y presentar sus descargos en el marco de su derecho a la defensa.
