Rodrigo Paz pide investigar si las explosiones en Viacha fueron un atentado
Inspección en uno de los puntos de detonación.
Por CRÓNICA
Frente a la tragedia que enlutó al país tras las detonaciones en el Regimiento Bolívar de Viacha, el presidente Rodrigo Paz instó públicamente al Ministerio Público a no descartar ninguna línea de investigación y solicitó analizar rigurosamente la hipótesis de un posible “atentado”.
El jefe de Estado fue enfático al señalar la urgencia de esclarecer con total transparencia y peritaje técnico las causas de la tragedia militar.
“Le pido al Ministerio Público que investigue bien, que investigue la posibilidad de un atentado. Hay que cerrar todas las posibilidades”, aseveró Paz, remarcando que el país y las familias de las víctimas exigen conocer la verdad de lo sucedido.
Alertan sobre desestabilización
En su intervención, el mandatario alertó a la opinión pública sobre la existencia de sectores que pretenden desestabilizar su administración. Paz aseguró que hay grupos interesados en boicotear su gestión con el objetivo de retornar al poder, señalando que “están dispuestos a todo” para lograrlo.
En ese contexto, denunció también la circulación de grabaciones y audios distorsionados que buscan confundir a la población, acusando a sectores y personas funcionales a estos intereses de difundir activamente dicho material en medios y redes sociales para generar incertidumbre.
Investigación
La Fiscalía Departamental de La Paz mantiene abierta una investigación penal para determinar si la cadena de estallidos respondió a un acopio irregular de armamento, fallas humanas por mala manipulación de material explosivo o la intervención de factores externos ajenos a la unidad militar.
Paralelamente, los peritos e investigadores continúan con la toma de declaraciones al personal de las Fuerzas Armadas y soldados sobrevivientes, mientras el Instituto de Investigaciones Forenses realiza los cotejos genéticos pertinentes con los familiares de los afectados.
El Gobierno nacional reiteró que la prioridad es respaldar el trabajo judicial sin condicionamientos políticos ni interferencias hasta establecer las responsabilidades penales e institucionales correspondientes.
